Decisión C-035/16 de 8 de febrero de 2016

La Corte Constitucional de Colombia anuló las disposiciones de la Ley N.º 1450 de 2011 y de la Ley N.º 1753 de 2015 que amenazaban los ecosistemas de alta montaña, denominados páramos. La corte señaló diversas características importantes de los páramos, como su fragilidad, su falta de protección legal, su papel para proporcionar a Colombia hasta el 70 por ciento de su agua potable y la capacidad de sus suelos y su vegetación para capturar dióxido de carbono de la atmósfera. La corte destacó la última de estas características en concreto, calificando a los páramos como un «sistema de captura de carbono» y explicando que la capacidad de un páramo a este respecto supera la de una selva tropical de tamaño similar. Según la Ley N.º 1450 de 2011 se estableció el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia 2010-2014 y su sucesor para el periodo 2014-2018 quedó establecido conforme a la Ley N.º 1753 de 2015. Dos disposiciones de esta última ley son de especial importancia en este caso. La primera autoriza a la Comisión Intersectorial de Infraestructura y Proyectos Estratégicos a designar proyectos concretos como parte del interés estratégico nacional, una designación que exime a los proyectos de algunos aspectos de la supervisión normativa local. La segunda disposición prohíbe diversas actividades (agricultura, minería, exploración y refinado de petróleo y gas) en los páramos, pero solo si los titulares del proyecto firmaron el contrato de arrendamiento y obtuvieron el permiso ambiental para la minería con posterioridad al 9 de febrero de 2010 o, para las operaciones de petróleo y gas, después del 16 de junio de 2011. Por tanto, la ley autoriza los proyectos que recibieron permisos con anterioridad a dichas fechas. La corte declaró la inconstitucionalidad de estas dos disposiciones (entre otras) debido, entre otras cuestiones, a que ponen en peligro el derecho de la población al agua potable y eximen a los organismos gubernamentales de su obligación de justificar las decisiones que con toda seguridad provocarán la degradación de zonas medioambientalmente sensibles y valiosas.