Álvarez y otros contra Perú

El 16 de diciembre de 2019 un grupo de jóvenes peruanos presentó una demanda contra Perú, alegando que el gobierno no había adoptado medidas suficientes para abordar el cambio climático. Siete demandantes, representados por sus padres, presentaron una demanda contra el Estado peruano por su presunta incapacidad para detener adecuadamente la deforestación en la selva amazónica mediante la adopción de medidas concretas y efectivas bajo la Política Nacional de Medio Ambiente y la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. La denuncia se centra en la deforestación en cinco regiones amazónicas: Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Amazonas y San Martín. Los demandantes argumentan que la situación es peor para los peruanos nacidos entre 2005 y 2011, cuyos futuros corren grave peligro debido a la crisis climática. Aseguran que se ha vulnerado su derecho fundamental a disfrutar de un medio ambiente sano, así como sus derechos a la vida, al agua y a la salud. Las reivindicaciones de los demandantes se basan en el artículo 2.22 de la constitución peruana; el artículo 12.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el artículo 3 del Código de los Niños y Adolescentes; el artículo I de la Ley N.º 28611, Ley General del Medio Ambiente; y el artículo 15 de la Carta Democrática Interamericana. La denuncia solicita una orden que exija al Presidente, al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Agricultura y Riego y al Ministerio de Finanzas el establecimiento de metas y objetivos concretos para reducir la deforestación neta en la Amazonia peruana a cero en 2025; una orden que exija a los gobiernos regionales de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Amazonas y San Martín la elaboración de planes de acción regionales para reducir la deforestación neta a cero en 2025, en particular, medidas de mitigación y adaptación al cambio climático; una orden que exija al Ministerio de Agricultura y Riego la suspensión de la concesión de permisos de deforestación en las tierras públicas de las cinco regiones en cuestión hasta que se hayan elaborado los planes nacionales y regionales; el reconocimiento de la Amazonia peruana como una entidad sujeta a los derechos de protección, conservación, mantenimiento y restauración; y una declaración de inconstitucionalidad con respecto a la situación de la conservación ambiental en la Amazonia peruana.