ClientEarth contra el Secretario de Estado

El 30 de enero de 2020, el grupo ecologista ClientEarth presentó una acción ante el Tribunal Superior impugnando la decisión del gobierno del Reino Unido de aprobar una planta de gas natural, que sería la más grande de Europa. La Secretaria de Estado para Estrategia Empresarial, Energética e Industrial aprobó la planta en octubre, a pesar de la recomendación de la Autoridad de planificación de que se procediera al bloqueo de la planta debido a cuestiones relacionadas con el cambio climático. Según un comunicado de prensa publicado por un sindicato de abogados, la demanda alega, entre otras cosas, que la Secretaria malinterpretó la Declaración de Política Estratégica Nacional sobre Energía, al evaluar las emisiones de gases de efecto invernadero del proyecto; no evaluó adecuadamente la capacidad de captura de carbono de la instalación; y no tuvo en cuenta el mandato del Reino Unido de lograr emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050 de una manera procesalmente justa o, alternativamente, no motivó adecuadamente su evaluación del objetivo neto cero. El Tribunal Superior dio permiso a ClientEarth para que demandara al gobierno. El Tribunal Superior dictaminó a favor de los demandados el 22 de mayo de 2020. El juez determinó que el caso incluía cuestiones de políticas que exigían un equilibro de los intereses y que otros intereses públicos abogan en contra de los objetivos climáticos del Reino Unido y para la aprobación de la planta. Entre estos se incluyen la contribución de la planta a la seguridad y la diversidad del suministro de energía. El 21 de julio de 2020, el Tribunal de Apelaciones concedió a ClientEarth una autorización para apelar el caso. El 21 de enero de 2021, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del Tribunal Superior y rechazó la apelación de ClientEarth, considerando que la aprobación de la planta por parte del gobierno era legal. El Tribunal de Apelaciones determinó que la Secretaria de Estado sopesó los efectos adversos del proyecto, incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero, con los efectos positivos, incluidos los resultados socioeconómicos y la reutilización de infraestructura existente, y concluyó legalmente que las ventajas superaban los efectos adversos. El Tribunal de Apelaciones se alejó del Tribunal Superior al razonar que las emisiones de gases de efecto invernadero pueden tratarse como un «motivo independiente para la negativa» por parte del Secretario. No obstante, el Tribunal razonó que dichas emisiones no son un «obstáculo automático e insuperable» para la aprobación de proyectos de infraestructura y la persona encargada de la toma de decisiones tiene potestad sobre qué peso asignar a las emisiones de los gases de efecto invernadero en las decisiones de aprobación.