En relación al Tribunal por iniciativa propia contra el Estado de Himachal Pradesh y otros

En febrero de 2014, el Tribunal Verde Nacional de la India dictó una sentencia por iniciativa propia en la que imponía una serie de restricciones sobre la actividad alrededor del Paso de Rohtang, una zona medioambientalmente sensible del estado del Himalaya de Himachal Pradesh. El Tribunal Verde Nacional es competente en virtud de una ley de 2010 «en todos los casos civiles en los que exista una cuestión sustancial relacionada con el medio ambiente... y dicha cuestión se derive de [una o más de las siete leyes de protección medioambiental promulgadas entre 1974 y 2002]». El tribunal podrá iniciar casos e imponer soluciones. En febrero de 2014, por iniciativa propia, el tribunal determinó que el carbono negro, producto del uso de vehículos, es un factor causante importante del rápido deshielo de los glaciares de la región del Himalaya. El tribunal citó un estudio que sugiere que el 40% del retroceso glacial podría atribuirse al efecto del carbono negro y concluyó que, por tanto, la reducción de las emisiones de carbono negro puede abordar el deshielo de los glaciares. El tribunal concluyó que los ciudadanos de la India tienen derecho a un medio ambiente sano, digno y limpio, derivado del Artículo 48A de la Constitución (que establece que el estado proteja y mejore el medio ambiente), el Artículo 51A (que exige que un ciudadano proteja y mejore el medio ambiente natural) y el Artículo 21 (que protege el derecho a la vida como derecho fundamental). Si bien el tribunal describió de qué manera las emisiones de gases de efecto invernadero causan el calentamiento global, y afirmó la aplicabilidad del principio de «quien contamina paga» a los demandados en este caso, el tribunal no asignó a Himachal Pradesh responsabilidad alguna para la mitigación del calentamiento global per se. Ordenó, no obstante, al gobierno de Himachal Pradesh que emprendiera medidas radicales para reducir la contaminación, entre las que se incluyen comprobaciones aleatorias de contaminación, la restricción del transporte en zonas determinadas a los autobuses eléctricos y de gas natural comprimido, y la implementación de un programa de reforestación. Estas medidas deben ser supervisadas por un Comité de Seguimiento que realiza informes trimestrales al tribunal.