Instituto Socioambiental y otros contra IBAMA y la Unión Federal

Tres ONG presentaron una demanda cuyo objetivo principal era la declaración de la nulidad de la decisión del presidente de la agencia medioambiental federal (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, IBAMA) que permitía la exportación de madera autóctona con menor supervisión gubernamental, violando presuntamente legislación especial, y una declaración de que el gobierno federal no puede adoptar dichas decisiones. Los solicitantes destacaron la función de la selva amazónica en el mantenimiento del equilibrio ecológico y climático, así como un aumento significativo en las tasas de deforestación ilegal en el Amazonas y la destrucción presuntamente provocada por políticas medioambientales públicas. Los solicitantes también sostienen que las epidemias podrían estar provocadas por la deforestación y el desequilibrio ecológico que esta precipita. El caso se basa en legislación federal y derechos constitucionales, y en especial: (i) la competencia de la Unión para proteger el medio ambiente (artículos 23 y 225, § 1); (ii) la categoría de patrimonio nacional del Amazonas (artículo 225, § 4); (iii) el principio de defensa del medio ambiente como la guía del orden económico (artículo 170, VI), aplicable al sector maderero; (iv) la relación entre la protección del equilibrio ecológico como derecho fundamental, el principio de dignidad humana y el derecho a la vida (artículo 5); (v) la necesidad de implementar el derecho fundamental a la salud (artículos 6 y 196). Los demandantes solicitan una medida cautelar que declare: (i) nula la decisión del presidente de IBAMA que permite la exportación de madera autóctona, supuestamente sin supervisión del gobierno; (ii) la restauración de los efectos de la regla de la agencia medioambiental federal (Instrucción Normativa 15 de IBAMA de 2011), que estipula la aplicabilidad de la autorización para la exportación de madera autóctona; (iii) que el Gobierno Federal debe abstenerse de dictar otros instrumentos normativos de contenido similar. La medida cautelar fue rechazada por el tribunal inferior. Se presentaron dos solicitudes para la reconsideración de la decisión, una por parte de los demandantes y la otra por parte de la Oficina del Fiscal Público General como representante de la ley (custos legis).