Administración General del Estado c/Junta de Andalucía

El presente caso se origina en el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Abogado del Estado, en representación de la Administración General del Estado, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra el Decreto 79/2004, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de la Bahía de Cádiz. El Tribunal estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto y en consecuencia anuló el decreto impugnado, considerando que la Junta de Andalucía se había extralimitado en sus competencias al exigir a la administración central comunicar a la Consejería de Medio Ambiente, con carácter previo a su realización, actividades tan especiales y sensibles como son las maniobras de carácter militar. La Junta de Andalucía interpuso recurso de casación contra la mencionada sentencia. Dicho recurso fue rechazado en consideración de que con el decreto objeto de impugnación la Junta de Andalucía impuso unilateralmente al Estado la obligación de comunicar previamente a la Consejería de Medio Ambiente la realización de todo tipo de maniobras de carácter militar y ejercicios de mando. El Tribunal Supremo resalta que el precepto no se limita a establecer un simple deber de comunicación (entendida como mero aviso o puesta en conocimiento) de la realización de ejercicios y maniobras militares, sino que trasciende de esa limitada y aparentemente neutra finalidad para convertirse en un instrumento de intervención y limitación, encuadrable en la tradicionalmente denominada actividad administrativa de policía, que se impone por la Comunidad autónoma al Estado.